El cantante José Ramón Márquez, conocido como Ramoncín, ha pedido a la Audiencia Nacional que archive la causa abierta contra él por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental, al entender que su imputación se basa en "meras conjeturas" y defender que la SGAE le pagó 57.402 euros por trabajos "reales" que fueron plasmados en contratos "válidos y lícitos".
Así consta en el recurso de apelación que su defensa ha presentado contra la decisión del juez José de la Mata de abrir juicio oral contra él y otros tres ex directivos del grupo SGAE, entre los que se encuentran el ex director general de la filial digital SDAE José Luis Rodríguez Neri.
El músico argumenta que no existe ningún elemento a lo largo de la instrucción que permita "sospechar que se haya apropiado ilícitamente de ninguna cantidad" y pone de relieve que la propia Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), como parte "presuntamente" perjudicada, haya solicitado el sobreseimiento de esta investigación.
En este sentido, explica que el procedimiento por el cual se abonaron las facturas investigadas se realizó respetando "escrupulosamente" el proceso reglamentario interno en la entidad y en su filial digital, habiendo sido aprobados los pagos por el Consejo de Dirección y la Junta Directiva y ratificados por la Asamblea de socios, "al aprobarse las cuentas y quedar reflejado en las actas correspondientes".
"Los ingresos percibidos por mi representado fueron debidamente declarados ante la Hacienda Pública", prosigue la defensa, para poner de manifiesto que estas facturas junto con el hecho de que los proyectos fueran entregados satisfactoriamente justifica la licitud de los trabajos.
"Es importante reiterar que mi representado realizó y entregó los trabajos contratados y el hecho de que dichos proyectos no se llevaran a efecto posteriormente no es una cuestión ni asumida ni imputable al señor Márquez, si no a la parte compradora", recoge el recurso, que defiende que los ingresos están "sobradamente justificados" y enmarcados en unas relaciones comerciales lícitas.
En este punto, detalla que el proyecto sobre el programa televisivo 'El Creador' fue aprobado verbalmente, dentro de la práctica habitual de actuación, y se entregó como consta en las actuaciones, al igual que ocurrió con el sistema de protección de archivos 'La Caja Fuerte Virtual'.
Añade que el contrato sobre el programa "¿Hablamos el mismo Idioma?" se encuentra vigente, y "podría haber sido o ser objeto de rescisión ante un presunto incumplimiento por parte de mi patrocinado"-, y que el 'Plan de divulgación de los derechos de autor para mejorar la imagen de la SGAE', por encargo de esta entidad y de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE), se desarrolló durante un año y fue renovado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Finalmente, Ramoncín señala que la SGAE asumió el pago de una indemnización que ganó en el Tribunal Supremo por un asunto de derecho al honor y concluye que su participación en los presuntos delitos investigados "no queda en modo alguno acreditada".
La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años y diez meses de cárcel para 'Ramoncín' y para José Luis Rodríguez Neri. Al exdirector de los Servicios Jurídicos de la entidad Pablo Hernández Arroyo le reclama dos años y nueve meses de cárcel por apropiación indebida o, alternativamente, una multa de 40.356 euros por administración fraudulenta. La pena solicitada para el ex director general de SGAE y exconsejero de la filial digital Enrique Loras es de dos años de cárcel por apropiación indebida o, alternativamente, una multa de 20.866 euros por administración fraudulenta.
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