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jueves, 18 de junio de 2015

Urdangarin comunica al juez que ingresará la fianza tras la venta de su palacete de Pedralbes

 

La defensa de Iñaki Urdangarin ha registrado este miércoles un escrito en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que comunica al juez José Castro que se ha ejecutado la operación de venta de la vivienda que Urdangarin y su esposa la Infanta Cristina tenían en Barcelona y ha anunciado que se ingresará en la cuenta del Juzgado el dinero comprometido y autorizado por el magistrado para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil impuesta.


La cantidad inicialmente prevista para el Juzgado, según consta en el escrito, se ha visto reducida en más de 3.000 euros por los intereses derivados de la hipoteca debido al tiempo transcurrido desde que los propietarios comprometieron la venta. El juez dará traslado a las partes del escrito y lo incorporará a la pieza de responsabilidad civil de Urdangarin.


Cabe recordar que el pasado 2 de junio Castro desestimó la petición cursada por la Infanta Cristina de que le fuera reducida a 449.500 euros la fianza civil de 2,7 millones que el juez le impuso el pasado mes de diciembre, al abrir juicio oral contra la entonces duquesa de Palma en el marco del caso Nóos como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.


La venta de la casa de Pedralbes se cerró este martes por la tarde, cuando la operación se realizó en dependencias de CaixaBank.


El juez del caso Nóos --en que el matrimonio está imputado--, José Castro, había autorizado a la pareja a vender la casa si depositan en el Juzgado una cantidad obtenida por la venta que sirva de garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa judicial.


Castro había ordenado al registro de la propiedad número 8 de Barcelona cancelar el embargo que pesa sobre la mitad del palacete --la perteneciente a Iñaki Urdangarin--, después de que la Audiencia de Baleares confirmase la semana pasada las condiciones impuestas en su día por el magistrado para autorizar la venta del inmueble.


La mitad del palacete le fue embargada a Urdangarin tras no haber hecho frente a la fianza civil de 8,2 millones de euros, posteriormente reducida a 6,1 millones, que a finales de 2013 le fue decretada de forma conjunta con su exsocio Diego Torres para asegurar las responsabilidades económicas que se deriven de esta causa.


El juez autorizó la venta siempre que el matrimonio se comprometiese a depositar en el Juzgado los 2,3 millones de euros que prevén obtener por la mitad embargada de la vivienda como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa, algo que garantizaron tanto Urdangarin como su mujer, si bien manteniendo el recurso que el acusado presentó ante la Audiencia --ahora desestimado--.


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sábado, 9 de mayo de 2015

Castro ordena embargar a Matas la mitad de su palacete y un edificio


Matas entrega un listado de bienes para su embargo


El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha ordenado embargar al expresidente del Govern Jaume Matas la mitad indivisa del palacete que posee en la céntrica calle palmesana de Sant Feliu, así como un edificio de cuatro plantas ubicado en la calle Sant Miquel, en el marco del caso Nóos.


Mediante un auto dictado este viernes, el juez acuerda causar embargo sobre ambas fincas tras no haber hecho frente Matas a la fianza civil de 3,5 millones de euros que Castro le impuso de forma conjunta con el exdirector general de Deportes del Govern José Luis 'Pepote' Ballester, y el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal.


Se trata de las dos propiedades que Matas presentó ante el magistrado de cara a su embargo a fin de poder responder con sus bienes a la fianza.


Mientras tanto, Castro también ha ordenado embargar una vivienda de la exdirectora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Elisa Maldonado, para quien el juez decretó una caución de 2,7 millones de forma conjunta con el exdirector general de la entidad Jorge Vela.


Del mismo modo, ha requerido a una entidad aseguradora a fin de que, en nombre del exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, preste fianza para responder a la suma de 4,1 millones de euros que le fue impuesta al procesado.


Los acusados Marco Antonio y Miguel Tejeiro también presentaron en su día su listado de bienes. El plazo para la entrega finalizaba a las 15.00 horas de este viernes, lo que no impide, sin embargo, que más adelante puedan presentar su relación de bienes o abonar las fianzas.


Quienes sí hicieron frente en su día al pago de sus respectivas fianzas son Ballester -que abonó 52.601 euros-, y la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen -quien presentó hace varios meses un aval por valor de 152.000 euros-.


Por su parte, la Infanta Cristina ha pedido este viernes al juez que rebaje la "injustificada" fianza civil que le exige de 2.697.150 euros a 449.525.


Una vez comprobado el valor del patrimonio señalado por los acusados, el juez Castro procederá a su embargo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En caso de que alguno de los procesados no designase bienes concretos, el Juzgado iniciaría una investigación de la totalidad de su patrimonio en aras a embargarlo en cuantía suficiente hasta cubrir la suma reclamada.


En relación con Matas, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau pusieron la lupa sobre el exmandatario en 2009 tras detectar posibles irregularidades en la compra de su palacete, por el que el exdirigente 'popular' pagó unos 980.000 euros pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones.


A partir de ese momento, se iniciaron unas intensas investigaciones conocidas con el nombre de Operación Buckingham y dirigidas a averiguar los pormenores que rodearon al enriquecimiento presuntamente ilícito y el elevado tren de vida que llevó Matas mientras era presidente y que, según las pesquisas, no se correspondían con los ingresos que obtenía como jefe del Ejecutivo autonómico.


Se trata así de unos hechos que constituyen una de las principales líneas de investigación del caso Palma Arena, centrado en el supuesto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007), considerado la infraestructura estrella de la última legislatura de Matas.


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